Un centro de asistencia y prevención para adictos de La Costanera se encuentra paralizado a causa de las demoras en el envío de fondos desde la Nación. Los vecinos y padres de jóvenes que sufren una adicción se encuentran afligidos: temen que el centro no se construya. El barrio es uno de los puntos de la provincia donde el consumo de paco -el residuo de la pasta base de cocaína- y de otros estupefacientes más daño han generado.

“Tanto que hemos peleado para que se haga y se termine ese centro... Nos lo prometió el cura (Carlos) Molina -ex titular de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico- cuando vino al barrio en 2013. Que el gobernador vea que cada vez son niños más chiquitos los que se drogan”, dijo resignada Blanca Ledesma, referente de las Madres del Pañuelo Negro.

El edificio que albergará al centro terapéutico se construye desde hace casi dos años en un solar ubicado en Costanera Norte, cerca de un sector denominado Barrancas del Salí. Si bien aún no fue inaugurado, el equipo técnico trabaja desde mediados de 2014 realizando tareas de prevención, asistencia y terapia en las calles de la barriada y en la Casa Pastoral.

Donde el barro se subleva
“Bienvenidos al barro”, dijo sonriendo un niño que jugaba descalzo en La Costanera, mientras tiraba piedras a un zanjón que el agua de lluvia había formado en una calle de tierra. A un costado, Ledesma señala el cerramiento de obra del Centro Educativo Terapéutico (CET) con un rápido ademán con la mano derecha. Ella asegura que en enero y febrero la construcción estuvo paralizada.

En diciembre, los vecinos habían manifestado a LA GACETA su preocupación por la demora del CET. En ese momento, el Tribunal de Cuentas había detectado una irregularidad en el destino de fondos para un pozo de agua, cuando el proyecto consignaba que se requería de una conexión a la red, siempre que fuera posible. El titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Alfredo “Freddy” Quinteros, había aclarado que se trataba de un error de interpretación, y que apelarían la acordada del TC. Finalmente, el órgano de control dio marcha atrás y rectificó los cuestionamientos.

Desde atrás del portón de chapa de la construcción, un albañil explicó a este diario que trabajaron con normalidad en enero y febrero, pero que las constantes lluvias demoraron las tareas. Esperaban terminar pronto con el techado de la estructura, y pasar a finalizar con el revestimiento de las paredes. “Ni ruido se sintió en enero y febrero”, refutó Daniel Torres, que vive exactamente frente al futuro CET.

“Queremos que se abra, porque ahora los chicos no tienen dónde estar. Que se apuren en inaugurarlo. Acá necesitamos ayuda, hay chicos de 11 o 12 años que ya se empiezan a enganchar con el paco”, explicó Torres, que se recibió de la diplomatura en Operador Socioterapeuta y se incorporó al equipo de trabajo del CET, que depende del Ministerio de Desarrollo de la Provincia. “No importa que el chico adicto no logre recuperarse, al menos si estuviera abierto tendría un plato de comida, el hambre hace estragos aquí”, completó el muchacho.

En un principio estaba previsto que se construyera un Centro Preventivo Local en Adicciones (Cepla), pero el año pasado el proyecto cambió de nombre y pasó a denominarse CET. La obra, gestionada por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), es ejecutada por la constructora Bocanera y Mirkin SRL (ByM).

“La empresa tiene cinco o seis certificados, pero no ha cobrado ninguno. La constructora ha bajado la velocidad de las tareas, en parte por las intensas lluvias y en parte por la mora en la llegada de fondos; a ByM no le conviene que se frenen las obras, porque hay cláusulas contractuales”, explicó Quinteros. Confirmó que la obra avanza lentamente, pero que esperan que se destraben los fondos cuanto antes. El CET ha sido presupuestado en $12 millones, según explicó el funcionario. La deuda con la empresa ronda los $ 4 millones, precisó.

“Las obras de la Nación están todas en un impasse, las otras obras de la provincia que coordina la DAU las estamos ejecutando”, completó el ex legislador. En enero, desde la Secretaría de Comunicación Pública del Poder Ejecutivo consignaron que el CET se inauguraría en marzo y que la construcción no se había detenido.

“Ahora dijo (Mauricio) Macri que mandaría a Gendarmería a las villas para sacar a los narcos. ¿Por qué no los manda a los countries? El narco que trae la droga no vive aquí, con el barro y sin servicios. Esos son millonarios y viven entre ricos”, arremetió Ledesma.

Los vecinos comentaron que la situación del barrio empeora cada vez más. Hasta se mostraron escépticos por la inauguración de un secundario en el barrio, porque alrededor del establecimiento hay, dijeron, cinco dealers.

“¿No hay dignidad?”

Parte del equipo de profesionales que trabajan en el CET está conformado por jóvenes que se recuperaron de situaciones de consumo dentro de un dispositivo de salud territorial. Carlos Alberto Díaz, Gabriel Ponce, Torres, Isabel Perez, Natalia Luna, Giselle Pérez, Jorge Pérez y Pablo Pérez, reclamaron que hace siete meses no cobran sus haberes, pese a que se desempeñan hace casi dos años como parte del centro de asistencia y prevención de La Costanera.

“Nos sentimos discriminados. Parece que no quisieran que uno progrese. Nos capacitamos y todos somos operadores socioterapéuticos y si no nos pagan el sueldo, parece que no quieren que tengamos un proyecto de vida”, se quejó, ofuscado, Pablo Pérez. El grupo explicó que muchos trabajaban como albañiles o ambulantes, y que se dedicaron a trabajar tiempo completo en actividades contra las adicciones en su barrio. Comentaron que nunca les pagaban con regularidad, pero que la deuda alcanzó más de seis sueldos de retraso. La situación en la que se encuentran es límite, porque sin el salario no pueden garantizar la comida en sus casas, afirmaron.

“Trabajaba como ambulante, pero ahora los municipales nos corren; no me contratan en ningún lugar ¿Cómo mantenemos a nuestros hijos? ¿Cómo ayudamos en el barrio a los chicos adictos? No quiero volver a lo que era antes, no queremos volver a robar o a andar tirados como cuando estábamos así y no podíamos salir del paco”, subrayó Pérez.

Los jóvenes adelantaron que planean realizar una procesión interreligiosa por el barrio el 23 de marzo, para pedirle a Dios y al Estado que tomen cartas en el asunto. Agregaron que buscarán el apoyo de la Hermandad de los Barrios, un colectivo que integra vecinos de 14 barriadas humildes que en diciembre marchó hacia Casa de Gobierno para exigirle al PE una política integral contra las adicciones.

“Nos duele la discriminación. ¿No valemos nada? ¿No merecemos dignidad? ¿Es porque somos negros, de La Costanera y ex adictos? Trabajábamos sin obra social ni seguro. Ahora parece que trabajamos sin sueldo”, fustigó Carlos Díaz. “Necesitamos una respuesta concreta”, completó Ponce, y anticipó que solicitarán una audiencia con el gobernador.